Entre cambios y decretos

Anoche cuando concebí la idea de escribir este artículo, no había llegado a mí la noticia de que se había producido cambios en el tren gubernamental. Aquellos cambios que la población espera los 27 de febrero y los 16 de agosto de cada año, especialmente cuando se ha sido victima de una administración pública ineficiente. A pesar de que nuestro país refleja ciertos avances en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, lamentablemente no tenemos el mismo avance cuando hablamos de los titulares de las diferentes carteras del estado. En este país, los funcionarios regularmente no son nombrados por su preparación académica, experiencia, ni mucho menos, sino por otros factores. El factor que impera es qué tan amigo sea del presidente (ya vimos en el gobierno pasado a un sociólogo siendo ministro de finanzas), el siguiente factor es cuanto haya aportado para el triunfo en las elecciones ganadas (y aquí no nos referimos al factor económico) y finalmente el tercer factor de importancia es a qué grupo o tendencia pertenece dentro de la estructura del partido de gobierno (esto es por las negociaciones que se realizan previo a las elecciones, para cohesionar el partido). Es entonces, por lo antes expuesto, que los cambios que se realizan son en virtud de las coyunturas políticas y no en las verdaderas necesidades existentes en la administración pública. Cada año el pueblo ve morir sus esperanzas, al llegar esta fecha, donde se supone que se realizarían algunos cambios según los índices de eficiencia de los funcionarios. Este año en especial, como es preelectoral, entonces la mayoría de cambios realizados y los que están por realizar obedecerán a la coyuntura actual «reelección», aquí aparecerán unos nuevos factores, definidos por dos cuestiones principales: ¿Cuánto me suma? y ¿Cuánto debilita a la oposición?